Los senadores del Partido Popular Democrático (PPD) Jorge Suárez Cáceres y Cirilo Tirado Rivera denunciaron hoy la supuesta “fabricación de un estado de emergencia” en el mantenimiento de las carreteras estatales de Puerto Rico “con el propósito de otorgar un jugoso contrato sin subasta”.
Los senadores sometieron una resolución para investigar un alegado “proceso irregular” en la otorgación de contratos en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) “evadiendo el proceso de subasta”.
"La supuesta crisis que existe en el mantenimiento de las áreas verdes de las carreteras estatales fue fabricada por esta Administración, y ahora vemos el propósito, justificar la otorgación de jugosos contratos a compañías específicas, sin tener que pasar por el proceso de subasta”, aseguró Suárez Cáceres.
“Luego que despidieron a los empleados que hacían este trabajo, crean una crisis en los servicios de mantenimiento y justifican un jugoso contrato sin tener que pasar por el riguroso proceso de subasta. En ningún momento se garantiza el buen uso de fondos públicos", añadió el senador popular.
Por su parte, su compañero Tirado Rivera aseguró que se trata del mismo patrón por el cual tres asesores del gobernador Luis Fortuño fueron despedidos de Fortaleza.
"En el 2009, tres asesores de Fortuño fueron vinculados a la otorgación de contratos de servicios de salud, para favorecer a una sola compañía. Esta denuncia también fue relacionada a la salida de un Secretario de Salud. De igual forma, han surgido serios planteamientos públicos que señalan a que la renuncia del Secretario de la Vivienda está relacionada con el proceso de selección de los contratistas para la administración de los residenciales públicos", sostuvo Tirado Rivera.
Los senadores mostraron documentos que alegan son evidencia de que el secretario del DTOP, Rubén Hernández Gregorat, suscribió una orden administrativa declarando en estado de emergencia el mantenimiento de las áreas verdes de las carreteras y justificando obviar el proceso de subasta “y el mismo día firmó el jugoso contrato con la compañía Save Green Corp., para ofrecer los servicios que realizaba el personal que despidieron con la Ley 7”.
El contrato para los servicios de mantenimiento habría sido otorgado a Save Green por la cantidad de 230,400 dólares mensuales.
Los senadores sometieron una resolución para investigar un alegado “proceso irregular” en la otorgación de contratos en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) “evadiendo el proceso de subasta”.
"La supuesta crisis que existe en el mantenimiento de las áreas verdes de las carreteras estatales fue fabricada por esta Administración, y ahora vemos el propósito, justificar la otorgación de jugosos contratos a compañías específicas, sin tener que pasar por el proceso de subasta”, aseguró Suárez Cáceres.
“Luego que despidieron a los empleados que hacían este trabajo, crean una crisis en los servicios de mantenimiento y justifican un jugoso contrato sin tener que pasar por el riguroso proceso de subasta. En ningún momento se garantiza el buen uso de fondos públicos", añadió el senador popular.
Por su parte, su compañero Tirado Rivera aseguró que se trata del mismo patrón por el cual tres asesores del gobernador Luis Fortuño fueron despedidos de Fortaleza.
"En el 2009, tres asesores de Fortuño fueron vinculados a la otorgación de contratos de servicios de salud, para favorecer a una sola compañía. Esta denuncia también fue relacionada a la salida de un Secretario de Salud. De igual forma, han surgido serios planteamientos públicos que señalan a que la renuncia del Secretario de la Vivienda está relacionada con el proceso de selección de los contratistas para la administración de los residenciales públicos", sostuvo Tirado Rivera.
Los senadores mostraron documentos que alegan son evidencia de que el secretario del DTOP, Rubén Hernández Gregorat, suscribió una orden administrativa declarando en estado de emergencia el mantenimiento de las áreas verdes de las carreteras y justificando obviar el proceso de subasta “y el mismo día firmó el jugoso contrato con la compañía Save Green Corp., para ofrecer los servicios que realizaba el personal que despidieron con la Ley 7”.
El contrato para los servicios de mantenimiento habría sido otorgado a Save Green por la cantidad de 230,400 dólares mensuales.
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