Los senadores del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau Santiago y Cirilo Tirado Rivera, presentaron legislación para que el Senado realice una investigación relacionada con la concesión de jugosos contratos a Pedro Ray Chacón, una persona con estrechos vínculos en el PNP.
“Ha surgido una amplia discusión pública referente a serios señalamientos relacionados con el otorgamiento de contratos relacionados con el controvertible proyecto “Gasoducto” a múltiples allegados al partido de gobierno. La información divulgada incluye la concesión de sobre $27 millones en contratos de consultoría, publicidad y supervisión de construcción para un proyecto que no se ha podido comenzar debido a que no cuenta con los permisos requeridos para su desarrollo. Estos señalamientos apuntan hacia un posible despilfarro de fondos que lacera las más elementales prácticas de sana administración pública que deben ser el norte de todo funcionario público”, sentenció el portavoz Dalmau Santiago.
El Portavoz popular enfatizó que una investigación periodística reveló que Ray Chacón, un contratista que ha obtenido contratos con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por $500 mil y con el proyecto “Gasoducto” por $8.8 millones, a su vez fungía como miembro de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), para la fecha del otorgamiento del controvertible contrato. “Peor aún, ha surgido públicamente que tanto el anterior secretario de Justicia, Antonio Sagardía, como el actual secretario, Guillermo Somoza, plantearon serias preocupaciones sobre los contratos de Ray Chacón por entender que esta situación presentaba un conflicto de interés. Las inquietudes sobre el conflicto de interés surge porque como miembro de la Junta del BGF y de AFI, Ray Chacón tenía acceso a información privilegiada sobre detalles de las finanzas, contratos y proyectos de infraestructura, incluyendo la AEE y el Gasoducto”, recalcó el senador Dalmau Santiago.
El Portavoz popular reiteró que se ha planteado públicamente que el gobierno le concedió una dispensa a Ray Chacón para los controvertibles contratos, con la condición de que esta persona se abstuviera de atender asuntos relacionados con la AEE en sus funciones en la Junta de Directores. “Sin embargo, esta dispensa debe ser objeto de escrutinio público y de una minuciosa investigación ya que se debe verificar la fecha cuándo se concedió la misma, así como si previo a la concesión de la dispensa ya los detalles de los asuntos relacionados con los contratos otorgados a Ray Chacón estaban disponibles ante el BGF o AFI, entre otros asuntos, para verificar si el contratista se pudo haber beneficiado indebidamente de información privilegiada a la cual tenía acceso como funcionario público,” reclamó.
“Todo este proceso levanta serias inquietudes que laceran la confianza del pueblo en sus instituciones y en el cabal cumplimiento que deben regir de las normas de sana administración pública. Más aún cuando recordamos que en el pasado importantes obras de infraestructura, tales como el Superacueducto, fueron objeto de serias imputaciones relacionadas con el favoritismo en el otorgamiento de contratos y con las constantes enmiendas a los contratos relacionados con dicho desarrollo, que provocó que el costo original del proyecto de $305 millones se incrementara a unos $600 millones. También debemos recordar que personas estrechamente vinculadas con el actual partido de gobierno fueron convictas por el delito de soborno relacionado con el proyecto del Superacueducto,” explicó el senador Tirado Rivera.
Tirado Rivera, señaló que no se debe volver a las malas prácticas del gobierno de Rosselló, cuando fueron acusados por actos de corrupción sobre 40 personas allegadas al PNP, que se desempeñaban ya bien como funcionarios del ejecutivo, funcionarios electos o miembros del comité directivo del partido de gobierno. El desempeño de todo funcionario público debe caracterizarse por la transparencia en todas sus ejecutorias públicas, más aún cuando se trata de un miembro de importantes agencias gubernamentales que tienen la responsabilidad de realizar evaluaciones así como repartir millones de dólares en fondos estatales y federales para el desarrollo de la infraestructura del país.
“No podemos permitir que el controvertible proyecto “Gasoducto” se convierta en otra obra plagada por situaciones relacionadas con la corrupción gubernamental. El Senado debe darle paso a la R. del S. 2037 que presentamos y realizar una investigación exhaustiva para aclarar las serias imputaciones sobre los contratos que se le han otorgado a Ray Chacón. El Senado debe ejercer su poder de fiscalización y asegurarse que los procesos de contratación gubernamental se realicen dentro de las normas de transparencia y de sana administración pública que el pueblo reclama”, acotó Tirado Rivera.
Ver Resolución del Senado 2037
