viernes, 21 de mayo de 2010

Puerto Rico a la deriva




Durante esta semana han ocurrido varios eventos que merecen comentarse, y además análisis de reflexión profunda por parte del pueblo de Puerto Rico. El jueves en la noche los puertorriqueños fuimos testigos de un serio incidente entre estudiantes y la Policía de Puerto Rico, en las inmediaciones del Hotel Sheraton en Isla Grande, donde Luis Fortuño y su grupo de vendedores de lo que queda del Gobierno de Puerto Rico, celebraban un evento de recaudación de fondos para su partido a nada más y nada menos a $500 dólares el plato. Los muchachos de Figueroa Sancha la emprendieron a mansalva contra los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, quienes reclamaban la atención del Gobernador al problema que mantiene paralizada a diez de los once recintos de la Universidad.

Como de costumbre, Fortuño se escondió detrás de la cortina y no dio el frente, y prefirió utilizar a Figueroa Sancha para que acabara con la manifestación. Esa noche las fuerzas de Figueroa Sancha, utilizaron sus gases lacrimógenos, macanas y pistolas eléctricas para emprendenrla en contra de los estudiantes. El único pecado de estos manifestantes, es que estaban haciendo uso de un derecho cobijado por la Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos, que es el derecho a la libre expresión.

Pero esto no queda ahí. Amigo que me escucha o lees este mensaje, anote en su tablita. El Superintendente de la Policía nombrado por Fortuño, Figueroa Sancha, les llamó a los estudiantes "delincuentes", "títeres", "criminales". Así piensa Luis Fortuño de igual manera sobre los estudiantes puertorriqueños. Lo único es que Fortuño no les dio el frente, pero envía a otro a decirlo.

Las actuaciones de Fortuño y Figueroa Sancha, atentan contra el pueblo, y la misma es producto de un gobierno que ha entronizado el miedo, la persecución y la furia contra todo aquel que difiere de sus políticas. Fortuño y el P.N.P. no se han dado cuenta del grave daño que le está haciendo a Puerto Rico.

Nos dijeron en la campaña pasada que no iban a despedir a ningún padre de familia, y ahora son más de 30 mil los despedidos en el sector público. Amigo que me escucha o lee; ¿se puede creer en un Gobernador y en un partido que asume posturas en contra del pueblo? Usted tiene la respuesta.

Ya lo hemos dicho. La crisis en la Universidad de Puerto Rico ha sido creada por el P.N.P. Desde Fortaleza le dan instrucciones a la Presidenta de la Junta de Síndicos de la Universidad. Y la Presidenta, como buena discípula hace todo lo que digan. Volvemos y repetimos, la controversia en la Universidad está en manos de la Junta de Síndicos. Si los miembros del interés público que componen dicha Junta, no tienen la capacidad para atender este asunto, que renuncien y den paso al nombramiento de personas que conozcan la idiosincracia académica. Esto aplica a los nombrados por la pasada administración popular como a los que fueron nombrados por la presente administración de gobierno. Ustedes tienen la palabra.

Por último, se está discutiendo en la Legislatura un proyecto de ley sumamente peligroso para el pueblo. Se trata de la legalización de la videolotería. Levanta sospechas y muchas, las verdaderas intenciones que está detrás de este proyecto. Hay varias interrogantes.

El Gobierno P.N.P. dice ahora que se levantaría sobre $200 millones el primer año. Pero, les esconden al país que el contrato con la principal compañía que está auspiciando este proyecto de ley, se ganaría en los próximos diez años, cerca de $3 mil millones de dólares. Un negocio redondo. Ahora bien, no podemos perder de vista de qué se trata este proyecto. Se trata de legalizar el juego de videolotería en Puerto Rico. Es decir, en cada esquina de Puerto Rico se instalaría máquinas de estas, convirtiendo a la isla en un paraíso para las apuestas; y las mismas estarían al alcance de niños y personas de escasos ingresos que agravaría aún más los problemas económicos de la familia puertorriqueña.

Pero, la noticia que si debe ser noticia, es la que ofreció el Secretario de Hacienda. Dice que el próximo presupuesto 2011 tiene un déficits de $200 millones de dólares, sin ser aprobado aún por la legislatura. Admisión del principal recaudador del Pueblo de Puerto Rico. Si es así, la Cámara y Senado, no le deberían aprobar dicho presupuesto al gobernador Fortuño, y obligarlo a que someta un nuevo proyecto de presupuesto para el próximo año fiscal que contenga los elementos necesarios de un verdadero presupuesto.

Le preguntamos a Fortuño, ¿quién o quiénes son los cabilderos principales del proyecto videolotería?, ¿cuánto aportaron el pasado jueves en su cena de lujo el grupo que está detrás de la aprobación de este proyecto? Emplazado queda.

Mientras tanto, Puerto Rico sigue a la deriva.

Senadores PPD emplazan a Secretario de Hacienda

El secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, reveló hoy a una comisión senatorial que se quejó al FBI de legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) que supuestamente lo están presionando para que desista de intervenir en la legislación de la videolotería. De inmediato, los senadores del Partido Popular Democrático (PPD) Cirilo Tirado Rivera y Jorge Suárez Cáceres reclamaron que revele de inmediato los nombres de los legisladores.

Puig dijo en una audiencia pública de la Comisión de Turismo y Cultura, que preside la senadora Evelyn Vázquez, que no ha informado a las autoridades estatales, pero “sí he compartido esta información con autoridades como el FBI y es objeto de una investigación”. Rehusó revelar detalles durante la vista.

"Es un escándalo que el propio Secretario de Hacienda venga a una vista al Senado y denuncie que legisladores del PNP lo han presionado en torno a este proyecto de la video lotería”, declaró Tirado Rivera. “De la misma manera que hizo esta denuncia, le pedimos que revele los nombres de los que actuaron indebidamente. No puede dejar a la especulación, ya que pagarán justos por pecadores", añadió. Suárez Cáceres, que es el portavoz del PPD en dicha comisión, hizo un llamado al gobernador Luis Fortuño y al secretario de Justicia, Guillermo Somoza, para que intervengan en el asunto en vista de que “no es la primera vez que funcionarios de este administración hacen denuncias como estas”.

Los senadores Populares aplaudieron a Puig por llevar su denuncia a las autoridades federales, pero reclamaron que son las agencias estatales las que deben actuar.

"Estas denuncias no pueden quedar aquí. El pueblo tiene derecho a conocer quiénes han actuado contrario a la ley", opinó Tirado Rivera.