Cirilo Tirado hace llamado a estar alerta con el Comité de Reforma Contributiva

El senador Cirilo Tirado Rivera, portavoz del Partido Popular Democrático en la Comisión de Hacienda del Senado, alertó sobre los trabajos que realizará el Comité de Reforma Contributiva que designó el gobernador Luis Fortuño.

En un comunicado de prensa, Tirado Rivera hizo referencia a que el Gobernador anunció en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, la semana pasada, la creación de un Comité para trabajar en la legislación relacionada con la reforma contributiva que, supuestamente será presentada este año ante la Asamblea Legislativa.

Sostuvo que se hace un año tarde el anuncio de la creación de un "comité para encaminar el compromiso de hacerle justicia a la clase trabajadora, de una encomienda que se había comprometido iniciar en el 2009”.

Tirado Rivera hizo énfasis en que "levanta muchas interrogantes el hecho de que en el creado Comité de la Rama Ejecutiva, con la participación de los presidentes de la Comisiones legislativas de Cámara y Senado, para redactar la legislación que viabilizará la propuesta de reforma contributiva, las vistas públicas legislativas parecerán proforma y a la trágala como la Ley 7, utilizando como excusa la participación de estos legisladores del PNP".

"Vemos que excluyen a las minorías de este Comité y anticipamos que cuando llegue la medida a la Asamblea Legislativa la mayoría parlamentaria hará lo mismo que hizo con el apresurado y antidemocrático proceso de la nefasta Ley 7, que fue aprobada luego de un solo día de vista pública conjunta de Cámara y Senado.", afirmó.

El legislador popular advirtió que "la Reforma Contributiva es un asunto serio y delicado, que es fundamental para la estabilidad financiera de nuestro gobierno a la vez que busca otorgar un verdadero alivio al bolsillo de la ya agobiada clase trabajadora, que no se puede despachar sin un análisis serio y ponderado".

Consignó que "la Asamblea Legislativa no puede convertirse en un sello de goma de las improvisaciones de Fortuño que ya bastante caro la han salido al pueblo".

Tirado Rivera recalcó que "más preocupante aún es el hecho de que este Comité está dirigido por Xenia Vélez, quien fuera miembro del controversial CAREF que fue la entidad que promovió las iniciativas de la Ley 7, que culminaron en 13 nuevos impuestos al pueblo, en el plan de cesantías de sobre 25 mil empleados públicos y en el desenfrenado patrón de préstamos de sobre $6,500 millones en tan sólo un año de la administración Fortuño".

"Con este pedigrí de la señora Vélez, no le veo mucho futuro a iniciativas que verdaderamente alivien el bolsillo de la clase trabajadora, por lo que se hace indispensable un análisis minucioso de la propuesta de reforma contributiva en la Asamblea Legislativa,” acotó el senador popular.

Las Comunidades Especiales

Ante la legislatura está sometido un proyecto de ley que pretende desarticular el mayor proyecto social de envergadura creado en Puerto Rico en los pasados cuarenta años. Nos referimos a la Ley que creó la Oficina de las Comunidades Especiales. El gobierno actual, pretende eliminar dicho programa, por considerarlo innecesario, y alegadamente sin visión alguna. Una vez más el gobierno del PNP se equivoca. La Ley que creó la mencionada Oficina, fue la primera ley que aprobada en el cuatrienio de 2001 al 2004, y el mismo, surge de una petición de líderes comunitarios preocupados por el futuro de sus comunidades, y por preocupaciones en torno al desarrollo de sus lugares y espacios comunales.

Hagamos un poco de historia. En Puerto Rico existió un proyecto similar en algunos aspectos al actual que se llamó Oficina de Educación a la Comunidad, y el mismo brindó en los años 40, 50 y 60 una transición a las comunidades más pobres de Puerto Rico, en un mundo que se transformaba de una agrícola a una industrial avanzado. Existió también el proyecto de Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio, donde los vecinos y comunidades apoyadas por el Gobierno, transformaron sus estilos de vida, y así fueron de la mano con la transformación socioeconómica que experimentaba la Isla en aquel tiempo.

En el camino distintas administraciones gubernamentales abandonaron estos esfuerzos, y las comunidades fueron perdiendo la mística, hasta el punto, que su desarrollo no fue de la mano de las transformaciones que se daba en Puerto Rico. Fue la administración del Partido Popular Democrático en el 2001 que se dio a la tarea de recoger nuevamente aquellos sueños de cientos de puertorriqueños que deseaban ver transformadas sus comunidades hacia un verdadero proyecto comunitario y de servicio, para de esa manera mejorar la calidad de vida en sus comunidades.

Durante estos pasados nueve años, la Oficina de Comunidades Especiales, abrió el camino a estas comunidades en proyectos básicos como la autogestión y el servicio, de tal manera, que tomaran el control de sus proyectos más apremiantes.

Las Comunidades Especiales, son ejemplos a seguir en el mundo civilizado actual. Sin embargo, las Comunidades Especiales, significa para el morador de La Fortaleza estorbo en su plan de imponer en nuestro territorio nacional una visión ajena a nuestra cultura e idiosincrasia como pueblo. Decimos esto para dramatizar la forma en que el actual gobernante desea ir poco a poco desmantelando nuestras raíces como pueblo.

Como ejemplo, podemos mencionar que el actual gobierno desea abrirle paso al desarrollo de proyectos guiados por multimillonarios, quienes ven en estas comunidades un verdadero estorbo. Como agente y representante de estos sectores adinerados en Puerto Rico está el Gobernador. Al Gobernador no le interesa en lo absoluto preservar y defender a estos residentes de comunidades especiales, porque no son de su clase, y no comparten con él la visión empresarial privada. Para el Gobernador, es importante que el sector económico en Puerto Rico tenga su espacio sin problema alguno; que si hay que pasar una pala mecánica y derribar casas en estas comunidades lo hace, para ello aprobó la Ley de Permisos que les quita derechos a las comunidades y al ciudadano para protestar y oponerse a tales intentos.

Pero, debemos recordar, que la inmensa mayoría de esas comunidades especiales, votaron por el Gobernador, en la esperanza de que el alegado cambio les haría justicia. Pero, las comunidades especiales, tienen que sentirse defraudados e indignados con este Gobernador. Sus actuaciones, desde que llegó a la Fortaleza van en contra precisamente de la confianza que depositara esas comunidades en él.

El desmantelar estas oficinas resultaría en una nefasta a los mejores intereses del pueblo. Esta oficina les ha servido bien a las comunidades. Proyectos de Obras Públicas y mejoras comunales han sido desarrollados por las mismas comunidades, además de proyectos de autogestión comunitaria. El proyecto de ley que se discute en la legislatura contó con el más firme rechazo de parte del Partido Popular Democrático, y esperamos, que la mayoría parlamentaria se una al Partido Popular para detener esta afrenta del gobernador.

Lo único que mueve al gobernador es el interés de seguir ayudando a los intereses económicos, que están ávidos de desaparecer comunidades centenarias como el Caño Martín Peña y construir permisos otorgados de prisa, proyectos millonarios de centros comerciales y de viviendas para un sector que son pocos en Puerto Rico. Pretende el Gobierno PNP seguir privatizando seguir con los proyectos de Alianzas Públicos- Privados, que a la larga le costará más al pueblo. En su agenda está la de ayudar a estos grandes contribuyentes del PNP.

Pero desde aquí les decimos desde ahora a estos empresarios que desean el desmantelamiento de estas comunidades, que tengan cuidado, que el Partido Popular los estará fiscalizando y tan pronto el pueblo en el 2012 le pueblo le conceda el privilegio de gobernar a nuestro Puerto Rico, sus contratos y acciones serán invalidados de inmediato.

Digamos no a los proyectos que elimina las comunidades especiales y que estas comunidades se levanten y protesten contra esta afrenta del Gobernador de Puerto Rico.

Alianza Patria por Boricua 740

Te invitamos asintonizar todos los sábados de 12:00- 1:00 de la tarde el programa Alianza Patria con tus senadores Cirilo Tirado Rivera, Jorge Suárez Cáceres y Alejandro García Padilla, por WIAC 740 AM San Juan y su cadena; y por Internet http://www.boricua740.com/

El mensaje del Gobernador y el Tribunal Supremo

(Editorial de Alianza Patria para el Sábado, 6 de febrero de 2010 por Boricua 740 AM)

El pasado lunes, escuchado uno de los mensajes más huecos y poco profundo que haya pronunciado gobernador alguno a la Asamblea Legislativa. Dicho mensaje, no valió la pena, ni por su contenido, y menos, por lo que pudiéramos esperar de un verdadero mensaje de situación del país. El mismo, contiene mentiras y más mentiras. El señor gobernador, desaprovechó la oportunidad única que le provee la Constitución para fijar unos lineamientos sobre el rumbo del país; pero vimos incoherencia y falta de visión a largo plazo que atienda los problemas fundamentales del pueblo.

Llama la atención al hecho de que ahora reconozca la obra del Partido Popular que tanto en la campaña política negó. Dos ejemplos claros se desprenden del mensaje que el Gobernador le da la razón al Partido Popular. Primero, las grúas del Puerto Las Américas Rafael Cordero Santiago, se ordenaron su construcción durante la pasada administración de gobierno y que él ahora se atribuye dicha obra; y segundo, que el puente San Antonio en el Condado ya la administración había trabajado en el diseño y en trabajos que había que realizar en el subsuelo donde se habrá de levantar dicha estructura, además, hay que recordar que la pasada administración dejó los dineros asignados para dicho proyecto, y ahora también se las atribuye.

El gobernador nos trae una noticia de refrito y trillada en el país: que movilizará la Guardia Nacional para combatir la criminalidad. Pero, cuidado con esta acción. Tú recordarás que hace 15 años, precisamente cuando el hoy gobernador era Director de la Oficina de Turismo, aquella administración realizó el mismo que hoy hace el gobernador y envió a los residenciales públicos guardias nacionales; y tenemos que hacernos las evaluación correspondiente si aquella acción fue efectiva o no. Ciertamente, ahora desde la distancia, aquella acción emprendida hace 15 años, no resolvió absolutamente nada la ola criminal en aquel momento que fue recrudeciendo en el país. Al gobernador se le olvida que las matanzas continuaron, y no aplacaron en nada la criminalidad. Veíamos a una mayoría legislativa contenta con esta posible acción, aplaudiendo, aplaudiendo qué.

Hay que recordar que aún en los tribunales del país existen casos de violaciones de derechos civiles por las acciones de guardias nacionales en ese momento contra ciudadanos. El gobernador debe entender que la Guardia Nacional es un cuerpo militar, y que están entrenados para actuar en situaciones difíciles y que su misión es combatir con el fusil sin importar a quien tenga de frente. Además, la acción de movilizar a guardias nacionales es una humillante para los policías, ya que el gobernador está demostrando que no tiene confianza en los hombres y mujeres que pertenecen a este honroso cuerpo público, después que estos en su inmensa mayoría votaron con él en las pasadas elecciones.

Pero no sólo eso, el gobernador desaprovechó su mensaje, para decirnos como combatirá el desempleo y presentarnos las medidas efectivas que propiciarán un verdadero desarrollo económico en el país. A poca iniciativa, falta las soluciones. Lo único que hizo el gobernador en su mensaje, fue el de faltarle el respeto a los empleados públicos del país llamándolos literalmente “vagos”, ya que no contestaban el teléfono en las agencias y otros epítetos que no vale la pena mencionar. Ningún gobernador se había atrevido hablar de los empleados públicos de esa manera, ni menos en un mensaje de Estado del país. Exhortamos al gobernador a que se disculpe con los empleados públicos ya.

En otra noticia que ha dejado consternados al país es la decisión nefasta de la mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde 4 de sus 7 integrantes, manifiestan estar de acuerdo con las disposiciones de la nefasta Ley 7 de 2009. Como recordarás, esta Ley dejó sin empleo a miles de padres de familia en el sector público. El recurso presentado ante dicho foro, es que se reconociera el carácter inviolable de los derechos adquiridos de los servidores públicos en su empleo, al momento de haber sido empleados, y ello al amparo de la cláusula constitucional de “inviolabilidad de contratos”.

La mayoría en el Tribunal Supremo, de hecho, nombrados por el gobernador actual, se pusieron las vendas azules del PNP y le hizo un pequeño favor al gobernador al ratificarles esa ley. Pero lo increíble es que meses antes, ese mismo tribunal había declarado que los ex gobernadores tenían derechos adquiridos sobre las odiosas escoltas policíacas, y ahora resulta que el pueblo trabajador no tenía derechos adquiridos sobre sus empleos.

Lamentable decisión de la mayoría del Tribunal Supremo quienes se han dejado llevar por la manipulación de sus jefes políticos en la Fortaleza. Recuerden jueces del Supremo, ustedes no pueden darle las espaldas al pueblo, ustedes son servidores públicos, y como tal, le responden al pueblo.