Los despidos en el Gobierno continúan.Esa fue la denuncia de los senadores del Partido Popular Democrático (PPD) Jorge Suárez y Cirilo Tirado quienes se valieron de un documento del Gobierno de Puerto Rico en el que se plantea como parte de una estrategia de recuperación fiscal el despido de 15,000 nuevos empleados públicos.
Según explicaron, el documento fue presentado a los bonistas el pasado mes de diciembre y compromete al Gobierno de Puerto Rico a implementar la tercera fase de despidos que elevaría la cifra hasta acercarla al número original de alrededor de 30,000 empleados públicos cesanteados. “El gobernador Luis Fortuño y los jefes de agencia no pueden justificar estos despidos de ninguna otra manera que no sea su plan orquestado para conseguir la venta de bonos a costa del trabajo de los puertorriqueños”, denunció Suárez.
Por su parte, Tirado tildó de hipocresía el hecho de que en el documento se exaltan las virtudes del Estado Libre Asociado con particular énfasis en el hecho de que en la Isla no existe la obligación de pagar contribuciones al Gobierno federal. Esto como atractivo y estímulo a la inversión.
“Esta es la negación de la estadidad”, dijo. En el documento se explica que en diciembre de 2009 se envió por correo las cartas de cesantías a 2,789 unionados cuyos despidos serían efectivo en enero. Además, se anunció el envió de 3,590 cartas adicionales lo que significaría una baja de empleados gubernamentales de 6,379.
Según el documento, hay 6,037 empleados unionados que tienen menos de 13 años y seis meses a la fecha del 17 de abril de 2009 lo que efectivos esos despidos en febrero. “Estarían lanzando a la calle a 15,037 trabajadores. Es lo que hemos visto esta semana. Los líderes obreros no deben bajar la guardia”, remató Suárez.
Según explicaron, el documento fue presentado a los bonistas el pasado mes de diciembre y compromete al Gobierno de Puerto Rico a implementar la tercera fase de despidos que elevaría la cifra hasta acercarla al número original de alrededor de 30,000 empleados públicos cesanteados. “El gobernador Luis Fortuño y los jefes de agencia no pueden justificar estos despidos de ninguna otra manera que no sea su plan orquestado para conseguir la venta de bonos a costa del trabajo de los puertorriqueños”, denunció Suárez.
Por su parte, Tirado tildó de hipocresía el hecho de que en el documento se exaltan las virtudes del Estado Libre Asociado con particular énfasis en el hecho de que en la Isla no existe la obligación de pagar contribuciones al Gobierno federal. Esto como atractivo y estímulo a la inversión.
“Esta es la negación de la estadidad”, dijo. En el documento se explica que en diciembre de 2009 se envió por correo las cartas de cesantías a 2,789 unionados cuyos despidos serían efectivo en enero. Además, se anunció el envió de 3,590 cartas adicionales lo que significaría una baja de empleados gubernamentales de 6,379.
Según el documento, hay 6,037 empleados unionados que tienen menos de 13 años y seis meses a la fecha del 17 de abril de 2009 lo que efectivos esos despidos en febrero. “Estarían lanzando a la calle a 15,037 trabajadores. Es lo que hemos visto esta semana. Los líderes obreros no deben bajar la guardia”, remató Suárez.
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