Ante la legislatura está sometido un proyecto de ley que pretende desarticular el mayor proyecto social de envergadura creado en Puerto Rico en los pasados cuarenta años. Nos referimos a la Ley que creó la Oficina de las Comunidades Especiales. El gobierno actual, pretende eliminar dicho programa, por considerarlo innecesario, y alegadamente sin visión alguna. Una vez más el gobierno del PNP se equivoca. La Ley que creó la mencionada Oficina, fue la primera ley que aprobada en el cuatrienio de 2001 al 2004, y el mismo, surge de una petición de líderes comunitarios preocupados por el futuro de sus comunidades, y por preocupaciones en torno al desarrollo de sus lugares y espacios comunales.
Hagamos un poco de historia. En Puerto Rico existió un proyecto similar en algunos aspectos al actual que se llamó Oficina de Educación a la Comunidad, y el mismo brindó en los años 40, 50 y 60 una transición a las comunidades más pobres de Puerto Rico, en un mundo que se transformaba de una agrícola a una industrial avanzado. Existió también el proyecto de Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio, donde los vecinos y comunidades apoyadas por el Gobierno, transformaron sus estilos de vida, y así fueron de la mano con la transformación socioeconómica que experimentaba la Isla en aquel tiempo.
En el camino distintas administraciones gubernamentales abandonaron estos esfuerzos, y las comunidades fueron perdiendo la mística, hasta el punto, que su desarrollo no fue de la mano de las transformaciones que se daba en Puerto Rico. Fue la administración del Partido Popular Democrático en el 2001 que se dio a la tarea de recoger nuevamente aquellos sueños de cientos de puertorriqueños que deseaban ver transformadas sus comunidades hacia un verdadero proyecto comunitario y de servicio, para de esa manera mejorar la calidad de vida en sus comunidades.
Durante estos pasados nueve años, la Oficina de Comunidades Especiales, abrió el camino a estas comunidades en proyectos básicos como la autogestión y el servicio, de tal manera, que tomaran el control de sus proyectos más apremiantes.
Las Comunidades Especiales, son ejemplos a seguir en el mundo civilizado actual. Sin embargo, las Comunidades Especiales, significa para el morador de La Fortaleza estorbo en su plan de imponer en nuestro territorio nacional una visión ajena a nuestra cultura e idiosincrasia como pueblo. Decimos esto para dramatizar la forma en que el actual gobernante desea ir poco a poco desmantelando nuestras raíces como pueblo.
Como ejemplo, podemos mencionar que el actual gobierno desea abrirle paso al desarrollo de proyectos guiados por multimillonarios, quienes ven en estas comunidades un verdadero estorbo. Como agente y representante de estos sectores adinerados en Puerto Rico está el Gobernador. Al Gobernador no le interesa en lo absoluto preservar y defender a estos residentes de comunidades especiales, porque no son de su clase, y no comparten con él la visión empresarial privada. Para el Gobernador, es importante que el sector económico en Puerto Rico tenga su espacio sin problema alguno; que si hay que pasar una pala mecánica y derribar casas en estas comunidades lo hace, para ello aprobó la Ley de Permisos que les quita derechos a las comunidades y al ciudadano para protestar y oponerse a tales intentos.
Pero, debemos recordar, que la inmensa mayoría de esas comunidades especiales, votaron por el Gobernador, en la esperanza de que el alegado cambio les haría justicia. Pero, las comunidades especiales, tienen que sentirse defraudados e indignados con este Gobernador. Sus actuaciones, desde que llegó a la Fortaleza van en contra precisamente de la confianza que depositara esas comunidades en él.
El desmantelar estas oficinas resultaría en una nefasta a los mejores intereses del pueblo. Esta oficina les ha servido bien a las comunidades. Proyectos de Obras Públicas y mejoras comunales han sido desarrollados por las mismas comunidades, además de proyectos de autogestión comunitaria. El proyecto de ley que se discute en la legislatura contó con el más firme rechazo de parte del Partido Popular Democrático, y esperamos, que la mayoría parlamentaria se una al Partido Popular para detener esta afrenta del gobernador.
Lo único que mueve al gobernador es el interés de seguir ayudando a los intereses económicos, que están ávidos de desaparecer comunidades centenarias como el Caño Martín Peña y construir permisos otorgados de prisa, proyectos millonarios de centros comerciales y de viviendas para un sector que son pocos en Puerto Rico. Pretende el Gobierno PNP seguir privatizando seguir con los proyectos de Alianzas Públicos- Privados, que a la larga le costará más al pueblo. En su agenda está la de ayudar a estos grandes contribuyentes del PNP.
Pero desde aquí les decimos desde ahora a estos empresarios que desean el desmantelamiento de estas comunidades, que tengan cuidado, que el Partido Popular los estará fiscalizando y tan pronto el pueblo en el 2012 le pueblo le conceda el privilegio de gobernar a nuestro Puerto Rico, sus contratos y acciones serán invalidados de inmediato.
Digamos no a los proyectos que elimina las comunidades especiales y que estas comunidades se levanten y protesten contra esta afrenta del Gobernador de Puerto Rico.
Hagamos un poco de historia. En Puerto Rico existió un proyecto similar en algunos aspectos al actual que se llamó Oficina de Educación a la Comunidad, y el mismo brindó en los años 40, 50 y 60 una transición a las comunidades más pobres de Puerto Rico, en un mundo que se transformaba de una agrícola a una industrial avanzado. Existió también el proyecto de Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio, donde los vecinos y comunidades apoyadas por el Gobierno, transformaron sus estilos de vida, y así fueron de la mano con la transformación socioeconómica que experimentaba la Isla en aquel tiempo.
En el camino distintas administraciones gubernamentales abandonaron estos esfuerzos, y las comunidades fueron perdiendo la mística, hasta el punto, que su desarrollo no fue de la mano de las transformaciones que se daba en Puerto Rico. Fue la administración del Partido Popular Democrático en el 2001 que se dio a la tarea de recoger nuevamente aquellos sueños de cientos de puertorriqueños que deseaban ver transformadas sus comunidades hacia un verdadero proyecto comunitario y de servicio, para de esa manera mejorar la calidad de vida en sus comunidades.
Durante estos pasados nueve años, la Oficina de Comunidades Especiales, abrió el camino a estas comunidades en proyectos básicos como la autogestión y el servicio, de tal manera, que tomaran el control de sus proyectos más apremiantes.
Las Comunidades Especiales, son ejemplos a seguir en el mundo civilizado actual. Sin embargo, las Comunidades Especiales, significa para el morador de La Fortaleza estorbo en su plan de imponer en nuestro territorio nacional una visión ajena a nuestra cultura e idiosincrasia como pueblo. Decimos esto para dramatizar la forma en que el actual gobernante desea ir poco a poco desmantelando nuestras raíces como pueblo.
Como ejemplo, podemos mencionar que el actual gobierno desea abrirle paso al desarrollo de proyectos guiados por multimillonarios, quienes ven en estas comunidades un verdadero estorbo. Como agente y representante de estos sectores adinerados en Puerto Rico está el Gobernador. Al Gobernador no le interesa en lo absoluto preservar y defender a estos residentes de comunidades especiales, porque no son de su clase, y no comparten con él la visión empresarial privada. Para el Gobernador, es importante que el sector económico en Puerto Rico tenga su espacio sin problema alguno; que si hay que pasar una pala mecánica y derribar casas en estas comunidades lo hace, para ello aprobó la Ley de Permisos que les quita derechos a las comunidades y al ciudadano para protestar y oponerse a tales intentos.
Pero, debemos recordar, que la inmensa mayoría de esas comunidades especiales, votaron por el Gobernador, en la esperanza de que el alegado cambio les haría justicia. Pero, las comunidades especiales, tienen que sentirse defraudados e indignados con este Gobernador. Sus actuaciones, desde que llegó a la Fortaleza van en contra precisamente de la confianza que depositara esas comunidades en él.
El desmantelar estas oficinas resultaría en una nefasta a los mejores intereses del pueblo. Esta oficina les ha servido bien a las comunidades. Proyectos de Obras Públicas y mejoras comunales han sido desarrollados por las mismas comunidades, además de proyectos de autogestión comunitaria. El proyecto de ley que se discute en la legislatura contó con el más firme rechazo de parte del Partido Popular Democrático, y esperamos, que la mayoría parlamentaria se una al Partido Popular para detener esta afrenta del gobernador.
Lo único que mueve al gobernador es el interés de seguir ayudando a los intereses económicos, que están ávidos de desaparecer comunidades centenarias como el Caño Martín Peña y construir permisos otorgados de prisa, proyectos millonarios de centros comerciales y de viviendas para un sector que son pocos en Puerto Rico. Pretende el Gobierno PNP seguir privatizando seguir con los proyectos de Alianzas Públicos- Privados, que a la larga le costará más al pueblo. En su agenda está la de ayudar a estos grandes contribuyentes del PNP.
Pero desde aquí les decimos desde ahora a estos empresarios que desean el desmantelamiento de estas comunidades, que tengan cuidado, que el Partido Popular los estará fiscalizando y tan pronto el pueblo en el 2012 le pueblo le conceda el privilegio de gobernar a nuestro Puerto Rico, sus contratos y acciones serán invalidados de inmediato.
Digamos no a los proyectos que elimina las comunidades especiales y que estas comunidades se levanten y protesten contra esta afrenta del Gobernador de Puerto Rico.
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