Buenos días hermana y hermano puertorriqueño que me escuchas:
En el día de hoy quiero recalcar el mensaje que te llevé la semana pasada en cuanto a las cartas circulares que estará repartiendo la administración Fortuño sobre el plan de retiro incentivado, reducción de jornada y cesantías, entre otros. Estas tienen el propósito de comenzar formalmente el proceso de despidos masivos en todos los niveles del gobierno. No recibas, ni firmes ningún documento relacionado a este plan en ninguna de sus fases. Hay derechos que te cobijan ante los tribunales. Habla con el representante de la unión en tu unidad apropiada. Busca asesoría legal y no te dejes engañar por ninguna de las mentiras del Gobernador fascista Luis Fortuño. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias por tu empleo en el servicio público.
Al tiempo que el gobernador avanza en la implantación de este plan de despidos masivos que dejará en la calle entre 30,000 y 45,000 padres y madres de familia, en el Senado y Fortaleza se le dan los últimos toques a un plan de privatización agresivo, cuyo propósito es desmantelar el Gobierno de Puerto Rico mediante la aprobación del proyecto de Alianzas Público Privadas.
Este proyecto es la entrega total del Gobernador Fortuño y el PNP a los intereses de los ricos y los grandes empresarios, quienes anhelan convertirse en los únicos administradores del país asumiendo control sobre el mayor número de servicios públicos que hoy ofrece el Gobierno para beneficio de toda la ciudadanía.
El objetivo detrás de estas Alianzas es entregar más privilegios a los que más recursos económicos y dinero tienen. A partir de entonces, veremos cómo los servicios que ofrecen las corporaciones públicas, como la Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la ACCA, el Fondo del Seguro del Estado, entre otras dependencias gubernamentales, serán administradas por manos privadas.
De aprobarse el proyecto de las Alianzas Público Privadas, el Gobierno flexibilizará los procesos de adjudicación de contrataciones; pondrá manos afuera en los procesos de evaluación, selección y negociación con los privatizadores; desregulará los requisitos de subastas; no impondrá reglamentaciones ambientales; y establecerá grandes exenciones contributivas. Y lo peor, ya se ha advertido que todos los acuerdos entre el Ejecutivo y el sector privado se regirán por estrictos criterios de confidencialidad. Lo que quiere decir que tú como contribuyente no tendrás acceso a lo negociado por ambas partes, ni mucho menos sabremos si esa entidad privada tendrá la solvencia económica para administrar los mismos.
Este proyecto es el intento más burdo de desmantelamiento del aparato gubernamental, desde los comités dirigidos por Marcos Rodríguez Emma y Manuel Díaz Saldaña, en los tiempos de la gobernación de Pedro Rosselló. Gracias a los esfuerzos anteriores se produjeron los escándalos de PRISMA, los cheques por millones de dólares sin facturas el 31 de diciembre de 2000 a solo horas del cambio de gobierno y el famoso PRIIF en Fomento Industrial. El proyecto no tiene controles efectivos contra la corrupción y no defiende el interés público.
Dicha acción no sólo pondrá en juego el control estatal sobre el ofrecimiento de servicios y el funcionamiento de nuestra economía, sino que, además, echará por la borda los derechos laborales que rigen nuestros estatutos legales. Esto, porque junto a la intención de aprobar las Alianzas Público Privadas, los sectores empresariales mueven con fuerza la discusión para desregular la actividad laboral del País transformando nuestra legislación vigente en aras de limitar los beneficios de la clase trabajadora. Esto significará menores salarios, menos beneficios marginales y ninguna seguridad de empleo.
Desde el gobierno se habla de que Puerto Rico padece de “sobrelegislación laboral” que “crea una camisa de fuerza para nuestro desarrollo económico”. Se dice, además, que los puertorriqueños tenemos demasiados “derechos” y que éstos son “incosteables” por el sector industrial.
Esos planteamientos toman fuerza justo cuando la Legislatura se apresta a aprobar el proyecto de las Alianzas Público Privadas, lo que pone en relieve la fuerza que han adquirido los representantes del sector empresarial, quienes, sin duda, han encontrado en el gobierno de Luis Fortuño un empleado servil e incondicional a sus intereses.
No te dejes engañar por los aguajes de Tomás Rivera Schatz y la mayoría PNP en el Senado. Son solo eso; aguajes. Van a aprobar este proyecto y la Asamblea Legislativa va a claudicar su responsabilidad constitucional de ser custodio del patrimonio del pueblo de Puerto Rico para que Luis Fortuño pague la renta a los grandes intereses que lo llevaron al poder, le impusieron precio a su conciencia y le está devolviendo el favor con intereses.
De hecho, es repudiable la forma en que están trabajando la medida, ya que no se ha permitido a la minoría acceso a las enmiendas a dicho proyecto. Te informo directamente a ti, que le estaré votando en contra a este proyecto y le haremos frente con la fuerza de la razón y la dureza de carácter, que siempre me ha caracterizado.
El gobierno de Fortuño y la legislatura PNP ha retomado la mala costumbre de sus predecesores, Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló, de entrar en confrontación directa con las instituciones que no pueden controlar. Vemos como la emprenden en contra de la Universidad, el Colegio de Abogados, los sindicatos y las comunidades del sur que se oponen al gaseoducto y las de Río Piedras que quieren defender un desarrollo armonioso de su entorno, rescatando el concepto de la Ciudad Universitaria.
Observamos también, como no solo están dispuestos a desmantelar y entregar el servicio público a los grandes intereses. Están dispuestos también, a entregar nuevamente a Vieques a la Marina de Guerra de Estados Unidos.
Luego de seis años de la victoria más contundente de nuestro pueblo, desde que se concibe así mismo como una nación, con un espíritu colectivo único, se anuncia la posibilidad y el interés de reanudar la presencia militar en dicha isla municipio, con actividad, supuestamente, de bajo impacto. De hecho, el Comisionado Pierluisi alegó que es “nuestra obligación moral” de cooperar con la Marina de Guerra en sus intenciones.
Hoy les digo a Fortuño y a Pierluisi; la única obligación moral que tenemos que tener los puertorriqueños es de exigirle al Presidente Obama, que cumpla su palabra empeñada de limpiar los terrenos que la Marina contaminó durante 60 años en Vieques y que haga buena su palabra de crear las condiciones correctas para el desarrollo económico en la Isla Nena.
Les advierto que van a encontrar oposición a este plan de militarizar nuevamente a Vieques y que no vamos a claudicar nuestros principios ni valores, ante este nuevo ataque a la paz y a la justicia de esa querida isla municipio.
Durante esta semana, estaré anunciando acciones concretas sobre este tema y te estaré informando sobre las mismas durante este espacio.
Que pases un buen día y que Dios te bendiga a ti y a tu familia.
En el día de hoy quiero recalcar el mensaje que te llevé la semana pasada en cuanto a las cartas circulares que estará repartiendo la administración Fortuño sobre el plan de retiro incentivado, reducción de jornada y cesantías, entre otros. Estas tienen el propósito de comenzar formalmente el proceso de despidos masivos en todos los niveles del gobierno. No recibas, ni firmes ningún documento relacionado a este plan en ninguna de sus fases. Hay derechos que te cobijan ante los tribunales. Habla con el representante de la unión en tu unidad apropiada. Busca asesoría legal y no te dejes engañar por ninguna de las mentiras del Gobernador fascista Luis Fortuño. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias por tu empleo en el servicio público.
Al tiempo que el gobernador avanza en la implantación de este plan de despidos masivos que dejará en la calle entre 30,000 y 45,000 padres y madres de familia, en el Senado y Fortaleza se le dan los últimos toques a un plan de privatización agresivo, cuyo propósito es desmantelar el Gobierno de Puerto Rico mediante la aprobación del proyecto de Alianzas Público Privadas.
Este proyecto es la entrega total del Gobernador Fortuño y el PNP a los intereses de los ricos y los grandes empresarios, quienes anhelan convertirse en los únicos administradores del país asumiendo control sobre el mayor número de servicios públicos que hoy ofrece el Gobierno para beneficio de toda la ciudadanía.
El objetivo detrás de estas Alianzas es entregar más privilegios a los que más recursos económicos y dinero tienen. A partir de entonces, veremos cómo los servicios que ofrecen las corporaciones públicas, como la Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la ACCA, el Fondo del Seguro del Estado, entre otras dependencias gubernamentales, serán administradas por manos privadas.
De aprobarse el proyecto de las Alianzas Público Privadas, el Gobierno flexibilizará los procesos de adjudicación de contrataciones; pondrá manos afuera en los procesos de evaluación, selección y negociación con los privatizadores; desregulará los requisitos de subastas; no impondrá reglamentaciones ambientales; y establecerá grandes exenciones contributivas. Y lo peor, ya se ha advertido que todos los acuerdos entre el Ejecutivo y el sector privado se regirán por estrictos criterios de confidencialidad. Lo que quiere decir que tú como contribuyente no tendrás acceso a lo negociado por ambas partes, ni mucho menos sabremos si esa entidad privada tendrá la solvencia económica para administrar los mismos.
Este proyecto es el intento más burdo de desmantelamiento del aparato gubernamental, desde los comités dirigidos por Marcos Rodríguez Emma y Manuel Díaz Saldaña, en los tiempos de la gobernación de Pedro Rosselló. Gracias a los esfuerzos anteriores se produjeron los escándalos de PRISMA, los cheques por millones de dólares sin facturas el 31 de diciembre de 2000 a solo horas del cambio de gobierno y el famoso PRIIF en Fomento Industrial. El proyecto no tiene controles efectivos contra la corrupción y no defiende el interés público.
Dicha acción no sólo pondrá en juego el control estatal sobre el ofrecimiento de servicios y el funcionamiento de nuestra economía, sino que, además, echará por la borda los derechos laborales que rigen nuestros estatutos legales. Esto, porque junto a la intención de aprobar las Alianzas Público Privadas, los sectores empresariales mueven con fuerza la discusión para desregular la actividad laboral del País transformando nuestra legislación vigente en aras de limitar los beneficios de la clase trabajadora. Esto significará menores salarios, menos beneficios marginales y ninguna seguridad de empleo.
Desde el gobierno se habla de que Puerto Rico padece de “sobrelegislación laboral” que “crea una camisa de fuerza para nuestro desarrollo económico”. Se dice, además, que los puertorriqueños tenemos demasiados “derechos” y que éstos son “incosteables” por el sector industrial.
Esos planteamientos toman fuerza justo cuando la Legislatura se apresta a aprobar el proyecto de las Alianzas Público Privadas, lo que pone en relieve la fuerza que han adquirido los representantes del sector empresarial, quienes, sin duda, han encontrado en el gobierno de Luis Fortuño un empleado servil e incondicional a sus intereses.
No te dejes engañar por los aguajes de Tomás Rivera Schatz y la mayoría PNP en el Senado. Son solo eso; aguajes. Van a aprobar este proyecto y la Asamblea Legislativa va a claudicar su responsabilidad constitucional de ser custodio del patrimonio del pueblo de Puerto Rico para que Luis Fortuño pague la renta a los grandes intereses que lo llevaron al poder, le impusieron precio a su conciencia y le está devolviendo el favor con intereses.
De hecho, es repudiable la forma en que están trabajando la medida, ya que no se ha permitido a la minoría acceso a las enmiendas a dicho proyecto. Te informo directamente a ti, que le estaré votando en contra a este proyecto y le haremos frente con la fuerza de la razón y la dureza de carácter, que siempre me ha caracterizado.
El gobierno de Fortuño y la legislatura PNP ha retomado la mala costumbre de sus predecesores, Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló, de entrar en confrontación directa con las instituciones que no pueden controlar. Vemos como la emprenden en contra de la Universidad, el Colegio de Abogados, los sindicatos y las comunidades del sur que se oponen al gaseoducto y las de Río Piedras que quieren defender un desarrollo armonioso de su entorno, rescatando el concepto de la Ciudad Universitaria.
Observamos también, como no solo están dispuestos a desmantelar y entregar el servicio público a los grandes intereses. Están dispuestos también, a entregar nuevamente a Vieques a la Marina de Guerra de Estados Unidos.
Luego de seis años de la victoria más contundente de nuestro pueblo, desde que se concibe así mismo como una nación, con un espíritu colectivo único, se anuncia la posibilidad y el interés de reanudar la presencia militar en dicha isla municipio, con actividad, supuestamente, de bajo impacto. De hecho, el Comisionado Pierluisi alegó que es “nuestra obligación moral” de cooperar con la Marina de Guerra en sus intenciones.
Hoy les digo a Fortuño y a Pierluisi; la única obligación moral que tenemos que tener los puertorriqueños es de exigirle al Presidente Obama, que cumpla su palabra empeñada de limpiar los terrenos que la Marina contaminó durante 60 años en Vieques y que haga buena su palabra de crear las condiciones correctas para el desarrollo económico en la Isla Nena.
Les advierto que van a encontrar oposición a este plan de militarizar nuevamente a Vieques y que no vamos a claudicar nuestros principios ni valores, ante este nuevo ataque a la paz y a la justicia de esa querida isla municipio.
Durante esta semana, estaré anunciando acciones concretas sobre este tema y te estaré informando sobre las mismas durante este espacio.
Que pases un buen día y que Dios te bendiga a ti y a tu familia.
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