Sin plan el Gobierno PNP para detener el alza en los precios de la gasolina

San Juan, PR – El senador Cirilo Tirado Rivera, levantó una bandera contra el Gobierno de Luis Fortuño, por no tener un plan ante el alto costo de la gasolina en Puerto Rico.

“Aunque el barril de petróleo se ha mantenido estable en los últimos días e incluso hoy bajo .63 centavos, vemos como el precio continúa en aumento, perjudicando la ya maltrecha economía de los puertorriqueños. Sin embargo, ni el gobernador Fortuño, ni el Secretario del DACO, hacen nada para controlar el alto costo. Es hora de que este Gobierno haga algo a favor de los ciudadanos”, sentenció Tirado Rivera.

El Senador explicó que durante el pasado cuatrienio, la administración de Aníbal Acevedo Vilá comenzó esfuerzos con Venezuela para comprar petróleo mucho más barato y así aliviar la carga del bolsillo de la gente. Pero la administración Fortuño mantiene silencio en este asunto.

“Lo único que ha hecho este Gobierno es imponer más contribuciones y empeorar la situación económica de la Isla. Los emplazo a que presenten un plan que pueda lidiar con el alto costo en la gasolina. Ya es hora de que se dejen de excusas y sean proactivos en la solución de los problemas que enfrentamos”, precisó Tirado Rivera.

Engañosa la promesa del bono de Navidad

El senador popular Cirilo Tirado denunció hoy que el gobernador Luis Fortuño engañó al país cuando anunció que todos los empleados, públicos y privados, recibirían el bono de navidad en su totalidad. ,

"Es falso que todos los empleados recibirían su bono. El gobernador Fortuño engaño a los trabajadores cuando no dijo la verdad sobre el bono, especialmente para los empleados privados. Hoy vemos la realidad y más de 19 mil ciudadanos no recibirán su bono, por lo que no podrán cumplir con todos sus compromisos para esta época navideña", sostuvo Tirado Rivera.

Tirado Rivera, aseguró que en el mensaje sobre la "Reforma Contributiva", el Gobernador indicó que los trabajadores recibirían su bono sin ningún descuento. Sin embargo, unos 324 patronos hasta el momento recibieron una dispensa por parte del Departamento del Trabajo para no tener que pagarle el bono de navidad a sus empleados. Además, el crédito de 7 por ciento dirigido a los patronos que pagaran el bono de navidad a sus empleados, se hizo para favorecer a las megatiendas y a los intereses que protege el Gobernador.

"La impresión que dio el Gobernador en su mensaje, fue de que todos los empleados recibirían su bono. Ahora la realidad es otra, ya que una gran cantidad de empleados no recibirán ese beneficio. Además, fue un engaño decir que el bono se daría sin descuentos, ya que de todos modos las personas tendrán que tributar por el dinero recibido. En otras palabras, la frase de la campaña publicitaria de "más dinero en tu bolsillo" está incompleta, lo que en realidad debe decir es "más dinero en tu bolsillo en diciembre, pero mucho menos dinero en tu bolsillo en abril".

Definitivamente muchas personas tendrán que pagar más a la hora de rendir sus contribuciones", precisó Tirado Rivera.

Alivios, ¿sí o no?, para el 2012

La minoría popular puso en duda ayer los alivios contributivos del propuesto Código de Rentas Internas, mientras la mayoría penepé insistió en que se trata de “una verdadera reforma”.

Las vistas conjuntas de las Comisiones de Hacienda de Cámara y Senado sobre la medida comienzan el miércoles próximo con el panel económico del Ejecutivo, encabezado por el secretario de Hacienda Carlos Puig y el secretario de Desarrollo Económico, Carlos García.

El senador Cirilo Tirado, portavoz del PPD en la Comisión de Hacienda, dijo que, según la propuesta, el propuesto alivio para la mayoría de los contribuyentes será sólo de entre $200 y $600 en 2012. “Si le sumamos que la economía está débil y que no se vislumbra un aumento en los ingresos del Gobierno, me parece que nos vamos a quedar cortos”, dijo Tirado.

Sostuvo que “más que una estrategia de desarrollo económico de poner dinero en el bolsillo de la gente, es una reforma que atenta contra la misma economía porque no está sustentada en un plan de desarrollo económico nacional”.

Añadió que los ingresos de algunos individuos podrían verse afectados con la eliminación de algunas de las deducciones, como los intereses por la compra de vehículos y los créditos por la compra de equipo de generación de energía alterna.

Peor el país que antes

El senador popular Cirilo Tirado denunció que a dos años del actual gobierno, las estadísticas evidencian que el país está peor que hace dos años.

El desempleo está hoy en 16% y en el 2008 era de 11%; la deuda pública aumentó de $53,393 millones a $60,656 millones, y que la cifra de asesinatos ronda los 840 en camino a "la cifra más alta en la historia".

Sin embargo, entre las medidas de esta Legislatura figuran autorizar más anuncios del gobierno, la creación del Día del Buen Trato, preparar la privatización del Centro Médico y aumentar el número de jueces.

Al finalizar esta sesión tenemos que concluir que las medidas aprobadas por esta legislatura del PNP no ha resuelto nada", dijo Tirado, en conferencia de prensa.

El golpe a la democracia puertorriqueña

La nueva intentona del gobierno de Luis Fortuño ha sido perpetrada a espaldas del pueblo de Puerto Rico. El caucus de jueces PNP pertenecientes al Tribunal Supremo de Puerto Rico, sin contar con el beneficio de la discusión a profundidad, decidieron solicitar a la legislatura el aumento de jueces en ese Tribunal de siete a nueve. Dicha acción implica la toma por asalto y un golpe a la democracia puertorriqueña.

Históricamente cuando el Tribunal Supremo ha solicitado un aumento en su composición lo ha hecho por concenso y unanimidad, siempre buscando los mejores intereses para la justicia en Puerto Rico. Esa acción es una innecesaria, no se justifica, ni mucho menos, responde a los intereses del pueblo puertorriqueño. Los cuatro jueces afiliados al Partido Nuevo Progresista, desean afincar la ideología estadista con el propósito de ratificar su visión política, y así, provocar en el futuro eliminar derechos democráticos al pueblo adquiridos mediante luchas y sacrificios.

La acción de los jueces del PNP en el Supremo, fue avalada por la Asamblea Legislativa sin seguir el proceso de vistas, ni estudios y análisis correspondientes, como es la costumbre de la mayoría novoprogresista. Y ni se diga de Luis Fortuño, quien firmará la medida como todo un dictador de la peor calaña. Durante la pasada campaña electoral, al pueblo se le advirtió todo el plan de Luis Fortuño y su camarilla. Nunca te dijo que ese iba a ser su derrotero, ni menos ahora; te engañó. Y ahora llegó el momento de actuar. La glotonería de este Gobierno PNP hay que detenerla. Es tiempo que nos demos a respetar como pueblo.

Lagunas en medidas de la Reforma Contributiva

El portavoz de la minoría en la Comisión senatorial de Hacienda, Cirilo Tirado, alertó que la Legislatura aprobará hoy y mañana los dos proyectos prerreforma contributiva a pesar de las lagunas que aún hay sobre éstos.

De hecho, el senador dijo temer que más allá de proveer alivios contributivos, las medidas agraven el presupuesto del País y provoquen una nueva ola de despidos de empleados públicos.

Tirado se amparó en que aún el Departamento de Hacienda y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) no ha presentado una certificación del monto que se recaudará con la contribución de 4% que aplicarán a las compañías foráneas. El secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, dijo recientemente que el estimado de ingresos por el arbitrio del 4% será de $1,000 millones anuales por los seis años que dure el impuesto.

“Hay que preguntarse quién va a pagar esos $306 millones (el costo de los alivios que recibirían los individuos y las empresas). ¿Se va a pagar con el 4% de las contribuciones a empresas foráneas? Al de hoy, ni el Secretario de Hacienda ni el Secretario del DDEC han dicho cuánto dinero va a dejar ese impuesto de 4%”, sostuvo el senador.

Tirado dijo dudar que Hacienda logre sufragar con sus iniciativa de fiscalización esos $306 millones que costará la primera parte de la reforma contributiva, pues los recaudos han mermado, en parte, por las miles de personas desempleadas que hay en la Isla.

Otro aspecto que le preocupa es que el proyecto de amnistía contributiva, el cual recibió oposición de diversos sectores económicos, busque favorecer a los altos intereses. Dijo que tampoco conoce cuánto recaudará el Gobierno con esta medida que usará para financiar la reforma contributiva.

Este proyecto de amnistía busca que los contribuyentes que no informaron ingresos obtenidos en el pasado reporten los mismos sin penalidades y sin responsabilidad criminal. Tendrán además una tasa contributiva especial de un 20%. En las vistas públicas economistas y contables se opusieron a la medida pues fomenta la evasión de contribuciones.

Según Tirado, su aprobación en la Legislatura le levanta sospechas. “Me parece que esa amnistía tiene nombre y apellido. Busca proteger a alguien. ¿Qué entidad dejó de cumplir con Hacienda y quiere hacer negocios con el Gobierno?. No hay razón para no ir detrás del evasor”, sostuvo. Tirado también levantó bandera sobre el crédito de 7% para las corporaciones que este año paguen a sus empleados el bono de Navidad. Y es que según él, aunque este alivio promueva el pago del bono, habrán compañías y negocios con problemas económicos que no podrán cumplir con el mismo. De hecho, a su juicio este alivio favorecerá a compañías extranjeras cuyas ganancias no se quedan en Puerto Rico. El senador alertó también que la exclusión del tope de la deducción del 30% de los intereses hipotecarios a las personas con 65 años o mas, podrá trastocar el mercado de la vivienda local.

El legislador advirtió que si no se logra recaudar los fondos, incrementará el déficit del Gobierno.

"Mi Salud", Sin Salud: el Ataúd del

Hemos sido testigos del bombardeo propagandístico por parte del Gobierno de Puerto Rico sobre la reforma al sistema de salud pública del País, decenas de miles de dólares gastados en anunciar algo que ya existe y que más allá de transformar la manera en que el estado maneja los servicios de salud a aquellos compatriotas que no pueden pagar un plan médico, lo que ha provocado es caos, desesperanza y dudas en la forma en que el ciudadano puede adquirir el sistema de salud del Gobierno. El gobierno de Puerto Rico asignó para este año fiscal cerca de $1.8 billones para operar el Sistema de Salud conocido como la Reforma, esto a través de la Administración de Servicios de Salud de Puerto Rico (ASES). La reforma 2010, mal llamada "Mi Salud", ha sido entregada a dos aseguradoras, a saber; Humana y MCSHMO. Es un gran misterio los términos de la contratación con estas aseguradoras, todavía el pueblo tiene derecho a saber ¿Cuánto será la ganancia de estas aseguradoras?, ¿Cómo se afectarán los servicios brindados a los tarjetahabientes con respecto al recorte de los pagos a los médicos por servicios prestados? La realidad es que todavía esperamos muchas respuestas a éstas y otras preguntas pues el gobierno las esconde utilizando su poder económico para adoctrinar a un pueblo mas allá de informar sobre un sistema integrado de servicios de salud.

Se les ha hecho creer a los usuarios del sistema que las visitas a los médicos especialistas son ilimitadas y de libre selección. De igual forma se les dice que todos los grupos médicos primarios cuentan con un horario extendido hasta las 9:00 de la noche, cabe cuestionar si los grupos médicos han podido realizar sus estudios económicos para determinar la viabilidad de operar hasta ese horario. De igual forma no le han dicho al País que control ejercerá la aseguradora con respecto a la decisión de los pagos a los médicos especialistas, será cierto, ¿qué un paciente podrá ir al cardiólogo cuando se sienta con algún dolor de pecho?. Me parece que algún truco hay en esta aseveración que hace el gobierno pues las decisiones sobre los gastos del paciente se las quitan al médico primario pero aparece la figura del ajustador de seguro para establecer un control de gastos.

Las estadísticas en poder de la Asamblea Legislativa, y que han sido reseñadas en múltiples vistas, revelan que existen alrededor de 3.3 millones de personas aseguradas por un plan de cuidado de salud o un seguro de salud y que alrededor de 138 aseguradoras de salud han sido autorizadas por el Comisionado de Seguros para hacer negocios en la Isla. De éstas, el 94.75% de las primas suscritas corresponden a aseguradoras locales, tales como: Triple-S, Inc., Humana Health Plan of Puerto Rico, Inc., MCS, entre otras. Durante los pasados 20 meses este gobierno ha dejado fuera del sistema de salud del gobierno a sobre 70 mil personas, número que incrementará una vez se agoten los servicios de salud privados de los empleados públicos y del sector privado que han perdido su trabajo debido a las políticas económicas tomadas por este gobierno. La existencia de una cantidad de sobre 200 mil personas sin cobertura, que no cuentan con un seguro complementario, plantea un problema social real. Esta minoría se compone sobre todo de familias pobres o de clase media que no cualifican debido a los ingresos, o a menudo, sin actividad laboral parcial o con una situación laboral precaria. Les invito a que lean el Informe Conjunto sobre el P. del S. 1403 a los fines de que ASES administre el “Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico”. En este proyecto podrán observar las dos visiones filosóficas o en arroz y habichuelas, las dos cabezas de este Gobierno.

Una verdadera reforma integral conlleva el replanteamiento sobre la función de las aseguradoras en el modelo de salud del gobierno; el descartar la Contratación Directa que se basa en un contrato exclusivo entre el Gobierno (ASES) y un proveedor (Grupo Médico) para ofrecer a los beneficiarios los servicios cubiertos por el Plan de Salud conlleva un retroceso en el modelaje probado dentro de la reforma; de igual manera el no transformar el sistema regresando al gobierno la función principal de cuidar por la salud del ciudadano me parece una manera liviana de despachar la responsabilidad del gobierno y mantenerla en manos de sectores que buscan generar ganancias a costa del pueblo

Tal parece que este Gobierno de verdad va en reversa: un monitor en el Sistema de Educación del País; un monitor en la Agencia de Seguridad del País (Policía); y ahora nos encontramos con un Sistema de Salud que ha comenzado a colapsar, con un Centro Medico a punto de perder su acreditación debido a la falta de liderato de los actuales directivos del principal centro de cuidado médico del País. No me sorprendería que la próxima acción del Gobierno sea la de nombrar un monitor para enderezar la guagua de salud que se les fue en reversa.

Grave la situación en el Centro Médico

El Centro Médico está a punto de perder la acreditación que otorga el Joint Commission, la agencia federal que se encarga de certificar que la institución funciona de manera adecuada en aspectos de seguridad y servicios.

Según dos senadores del Partido Popular Democrático (PPD), Cirilo Tirado y Jorge Suárez Cáceres, el principal centro de salud en la Isla está en grave riesgo de perder su acreditación debido a problemas en las condiciones de la planta física, falta de farmacéuticos, hacinamiento y pobre servicios de seguridad, entre otros.

Los senadores populares señalaron que en la investigación previa al informe se detectaron 68 fallas, que de no corregirse pondrían en riesgo la acreditación del Centro Médico.

El Joint Commission le otorgó al Gobierno un término de 45 días para resolver las diversas situaciones. Algunos de los problemas que plantea el informe es que algunos médicos no cuentan con una identificación con foto y que los medicamentos intravenoso no tienen una etiqueta que indique en qué fecha fueron preparados y cuándo expiran, entre otros.

Tirado mencionó que la última vez que se acreditó el Centro Médico fue en febrero de 2008 y, desde entonces, las condiciones se han deteriorado al punto que en estos días la entidad acreditadora se presta a realizar una tercera ronda de visitas y, si no han trabajado para mejorar las casi 70 fallas graves, la institución perdería la acreditación.

“Han llevado al Centro Médico a un punto de catástrofe. Una evaluación con 68 deficiencias graves, con cada una de ellas se demuestra que ha habido una falta de liderato del Secretario de Salud y del Director del Centro Médico. Todo esto se da en medio de una campaña del Gobierno presentando el nuevo plan Mi Salud, pero tal parece que el Centro Médico del País se ha quedado sin salud ante este cuadro de 68 deficiencias graves encontrados por el Joint Commission. Por eso, estamos emplazando al Secretario de Salud y al Director del Centro Médico a que actúen y vayan de frente con el País”, añadió Tirado.

Los senadores indicaron que, de perder la acreditación, el Centro Médico ya no se podría facturar a Medicare ni a las aseguradoras, por lo que los más de 100,000 pacientes que anualmente visitan la institución tendrían que pagar por completo los servicios que reciban. Además, se perderían 33 programas de residencias para estudiantes de medicina.

“Los paciente pueden afectarse porque las mesas de operaciones no se están limpiando adecuadamente, no están desinfectándose como se supone ni utilizando los mecanismos e instrumentos que se necesitan para esos fines. O sea, que aparte de la acreditación, también están poniendo en riesgo la salud de los pacientes que están acudiendo a recibir servicios en Centro Médico”, añadió Suárez Cáceres.

Ambos políticos criticaron la acción del Gobierno de gastar dinero en darle promoción al programa “Mi Salud”, mientras que el Centro Médico pasa por esta precaria situación.

“¿Para qué botar dinero en la campaña publicitaria de Mi Salud, cuando ese dinero puede ser utilizado para cubrir las deficiencias que tiene y que ponen en riesgo el Centro Médico?”, cuestionó Suárez Cáceres.

Por su parte, Tirado dijo que para solucionar esta situación se debe nombrar un comité de trabajo que conozca las necesidades y el funcionamiento del Centro Médico.

“Es cuestión de utilizar el personal interno que conoce cómo administrarlo, no seguir trayendo personas de afuera, con lo que se gasta mucho dinero, cuando aquí hay expertos”, declaró.

Senadores denuncian “despilfarro” en publicidad por parte de Fortuño

Los senadores populares José Luis Dalmau y Cirilo Tirado denunciaron hoy un “despilfarro” de dinero en las agencias gubernamentales por concepto de publicidad para, a juicio de los legisladores, realzar la imagen de la presente administración.

En conferencia de prensa, Dalmau aseguró que las agencias gubernamentales engañaron al país al esconder el verdadero gasto de publicidad que, al día de hoy, en total, suma $40 millones.

Según el también portavoz de la minoría senatorial, existe evidencia de que hay agencias como el Departamento de Corrección y Rehabilitación que no tenían asignado ni un solo dólar para publicidad y están gastando dinero en campanas publicitarias, como la promoción que lanzó esta agencia sobre los voluntarios en las cárceles.

Otras agencias que tampoco cuentan con recursos en su presupuesto para anuncios y pautas en medios de comunicación, y que aún así lo han estado haciendo, son el Banco Gubernamental de Fomento, con su campana “Desarrollo para el Pueblo”; el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, con la campaña “Bahía Urbana”, y el Departamento de Recreación y Deportes.

Asimismo, los senadores denunciaron que la campaña publicitaria del nuevo plan médico del Gobierno, “Mi Salud”, debe estar superando el $1 millón.

Esto, a pesar de que la Legislatura le asignó al Departamento de Salud un presupuesto de $720,000 para anuncios en este año fiscal 2010-2011.

“El presupuesto que envió el gobernador Luis Fortuno y que aprobó la Legislatura del Partido Nuevo Progresista fue un engaño. Las agencias escondieron los fondos para las campañas de publicidad que vemos en los medios. Nos preguntamos si el dinero que están utilizando para realzar la maltrecha imagen del Gobierno es el dinero de supuesta economía de los miles de servidores públicos que despidieron”, sostuvo Dalmau.

Tirado indicó que una evaluación del gasto publicitario de algunas agencias reveló que muchas entidades públicas están realizando campañas publicitarias sin haber presentado en el Registro del Contralor los nombres de las firmas que están haciendo las pautas en los medios, esto en violación al requisito legal de radicar todo contrato ante esta entidad.

Como ejemplo, mencionaron que la Autoridad de Carreteras y Transportación no tiene dinero para gastos de publicidad, pero tiene un contrato de $720,000 con la firma KOIGC Corp., que vence en junio del 2011.

“Esta situación amerita una investigación del Senado”, expuso Tirado.

Tirado Rivera denuncia falta de compromiso del Gobierno con la agricultura

El senador Cirilo Tirado Rivera denunció hoy, jueves, la falta de compromiso del Gobierno con los agricultores de Puerto Rico, a raíz del incumplimiento del gobernador Luis Fortuño de aumentar los productos locales en los comedores escolares.

El legislador del Partido Popular Democrático afirmó que no se ha cumplido el compromiso del secretario de Agricultura, Javier Rivera Aquino, de que la Autoridad Escolar de Alimentos, adscrita al Departamento de Educación (DE), aumentaría la cantidad de productos locales en su lista de compra.

"La crisis por la que atraviesa la agricultura en el país continúa agravándose, debido a la falta de compromiso de este Gobierno al no garantizar la compra de los productos cosechados en Puerto Rico. El mercado institucional es uno cautivo que inyecta dinero en una economía maltrecha por lo que es importante garantizar la compra de productos locales", dijo Tirado Rivera.

Recordó el compromiso de Rivera Aquino con los agricultores del país en el sentido de que el programa de compraventa de productos agrícolas locales para comedores escolares continúa siendo una prioridad para el Departamento de Agricultura, porque representa una oportunidad de venta muy importante para el sector agrícola.

"Hoy somos testigos de la inacción del Gobierno al no cumplir su promesa de apoyar a los agricultores del país", señaló el portavoz del PPD en la Comisión de Agricultura en el Senado, acompañado de un grupo de agricultores que perdieron una cosecha de ñames debido a que el Gobierno no garantizó la compra del producto a un justo precio.

Los agricultores denunciaron que sus cosechas fueron sustituidas por productos de Costa Rica.

Tirado pide contratación de cesanteados por Ley 7

San Juan- El senador del Partido Popular Democrático (PPD), Cirilo Tirado, reiteró hoy su pedido al secretario del Departamento de Educación, Jesús Rivera Sánchez, para que los facilitadores del programa de Educación Especial sean servidores públicos cesanteados por la Ley 7 de Emergencia Fiscal.

Recordó que presentó legislación que “requiere al Secretario de Educación que adopte los procesos necesarios para asegurar que se le provea prioridad a estos empleados cesanteados en el reclutamiento de estos facilitadores. Además, se puede readiestrar a estas personas para que cualifiquen en estos puestos”.

“Exhorto al Secretario de Educación que incluya en este proceso de selección a aquellos servidores públicos cesanteados bajo la Ley 7, muchos de los cuales pueden tener las destrezas necesarias para cumplir con los trabajos que se le requerirán a los facilitadores”, indicó.

Según el legislador, “el Secretario tiene a su disposición una plantilla de sobre 30 mil personas de las cuales puede evaluar y escoger el mejor personal para fortalecer los trabajos del Programa de Educación Especial”.